Chevron admite que sus abogados se reunieron con el ecuatoriano que grabó los polémicos videos. En una la compañía rechaza la entrega de los videos para un análisis forense, confirma además que continúa pagando al contratista ecuatoriano que los grabó

WASHINGTON, 28 de octubre del 2009 — En una sorprendente admisión, el abogado principal de Chevron Tim Cullen,  para el litigio ambiental en el Ecuador, ha dicho públicamente que los abogados de Chevron se reunieron con un contratista de Chevron para discutir sus videograbaciones secretas.  La reunión ocurrió unos días antes de que el contratista registrara una reunión crítica en Ecuador, donde se discute el presunto soborno que la compañía planea utilizar para empañar un juicio en el que enfrenta una potencial responsabilidad ambiental de $27 mil millones.

El abogado de Chevron, en Washington D.C., mediante una carta dirigida al Procurador General del Ecuador de fecha 26 de octubre, dejó claro que la compañía no cooperará completamente con la investigación oficial que realiza el Ecuador sobre el asunto, y que Chevron no entregará su propio análisis forense de los videos secretos. Varias personas que participaron en las reuniones grabadas, incluyendo al juez que presidía el juicio en ese momento, afirman que los videos fueron alterados durante el proceso de edición.

La admisión en la carta de Cullen —según la cual los abogados de Chevron se reunieron con el contratista de la petrolera, Diego Borja—contradice las declaraciones anteriores que afirmaban que la compañía no sabía nada de la grabación secreta hasta que la compañía fue contactada por Borja después de la finalización de las cuatro reuniones. Además, la admisión demuestra que los representantes de Chevron en los EEUU (y no sólo sus abogados ecuatorianos) jugaron un papel para facilitar el escándalo, usando la operación secreta para erosionar un juicio que esperaban perder, muy posiblemente violando las leyes penales estadounidenses, dijo Steven Donziger, asesor de los 30,000 ciudadanos ecuatorianos que demandan a la compañía.

El juicio acusa a la compañia de haber vertido más de 18 mil millones de galones de desechos tóxicos en la Amazonía mientras Texaco (ahora Chevron) operaba una concesión petrolera en Ecuador entre 1964 y 1990. Los demandantes afirman que la contaminación ha ocasionado cientos de muertes de cáncer, así como el exterminio de nacionalidades indígenas. El juicio, sustanciado en el Ecuador luego de que Chevron pidiera que se lo trasladara desde una corte federal estadounidense, empezó en 2003 y se espera que termine próximamente.

La carta de Cullen también confirma explícitamente por primera vez que Chevron está ayudando a Borja a encontrar empleo en los
EEUU; que está cubriendo los honorarios legales de una prominente abogada de San Francisco, Cris Arguedas, para que represente a Borja; y que está entregando directamente a Borja una suerte de salario o estipendio, además de costos de transporte y hospedaje.

“Los beneficios que Chevron admite estarle proporcionando a Borja y a su familia son suficiente para cambiarle la vida a uno”, dijo Donziger. “Chevron no habría hecho algo de esta magnitud si no sintiera la necesidad de controlar a Borja, o si no pensara que le debe a Borja una contraprestación por sus servicios”.

La carta de Cullen también demuestra que los vínculos entre Chevron y Borja son más fuertes de lo que Chevron había afirmado en un principio. Cuando Chevron  reveló los videos secretos subiéndolos en el portal YouTube el 31 de agosto, afirmó que la única relación que tenía con Borja era que éste previamente se había desempeñado como contratista de Chevron.

En un inicio, Chevron no reveló que Borja tiene un despacho en el mismo edificio donde operan los abogados ecuatorianos de Chevron, y que su trabajo de “contratista” para la compañía fue manejado y supervisado por los mismos abogados de Chevron que litigan el caso ambiental en Ecuador, hechos que han sido reportados por varios periodistas.

“Cada nueva comunicación de Chevron empaña más la credibilidad de la compañía, y sugiere que los abogados de Chevron—en Quito y los EEUU—jugaron un importante papel en orquestar un escándalo que muy posiblemente pueda constituir una conducta criminal, para evitar una sentencia en el juicio,” dijo Donziger.

Tanto el Gobierno del Ecuador como los demandantes han solicitado que el Departamento de Justicia en los EEUU investigue el asunto para determinar si Chevron ha violado alguna ley de este país.

“Es necesario interrogar bajo juramento a todos los abogados de Chevron, tanto internos como externos, que estuvieron presentes en la reunión con Borja del 18 de junio, para determinar si se planeó un acto de corrupción para permitir que una compañía estadounidense  evite una obligación legal de remediar la contaminación que causó en la selva—contaminación que está
matando a la gente y destruyendo a las nacionalidades indígenas,” dijo Donziger.

Donziger agregó: “Es claro que Chevron no está cooperando con la investigación que hace el gobierno del Ecuador, y que está ocultando información y testigos críticos, controlándolos desde los EEUU.  Esto hace que sea aun más importante que las autoridades estadounidenses dediquen los recursos necesarios para determinar lo que ha pasado.”

La carta de Cullen, una respuesta a un pedido de información hecho por el Procurador General, fue subida al sitio web de Chevron el martes. Contiene varias revelaciones adicionales que sugieren que Chevron estuvo involucrada en crear y publicitar los videos:

·         En la carta, Chevron no quiso contestar la pregunta crítica sobre la manera en que la reunión entre Borja y los abogados de Chevron—en San Francisco, el 18 y el 19 de junio—fue arreglada; sobre quién arregló la reunión; sobre quién arregló el pago del viaje de Borja; lo que Chevron le prometió a Borja a cambio de su viaje a los EEUU y la entrega de las grabaciones; la cantidad de dinero que Chevron ha pagado a Borja para mantenerlo y por cuánto tiempo va a hacerlo.

·         La carta contradice la declaración inicial de Cullen el 31 de agosto ante el Ministro de Justicia, según la cual los videos llegaron
inocentemente a las manos de Chevron. Ahora, Borja afirma que estuvo en la oficina del bufete de Cullen el 18 y 19 de junio de este año, en la presencia del abogado interno de Chevron, justo antes de regresar a Ecuador para grabar la crítica cuarta reunión del 22 de junio (la única reunión grabada en que se discutió explícitamente un soborno).  En la carta del 31 de agosto, Cullen dijo: “Las grabaciones fueron hechas durante mayo y junio de este año sin el conocimiento de Chevron.” Chevron repitió la declaración en un boletín corporativo ese mismo día.

·         Chevron se rehúsa a revelar los nombres de sus abogados que estuvieron en la reunión con Borja, ni si Charles James está entre ellos. James, vicepresidente de Chevron que se reporta directamente al gerente David O’Reilly, ha supervisado el caso legal y ha dirigido el ataque de relaciones públicas que intenta desacreditar a la justicia ecuatoriana.

·         Cullen confirma en la segunda carta que Chevron paga los honorarios legales de Borja y Hansen para que les representen abogados defensores, otro hecho que no quiso revelar inicialmente. Hasta la fecha, estos abogados criminales no permiten que Borja y Hansen expliquen su papel en el escándalo. Parece que los abogados fueron contratados por Chevron antes del 31 de agosto para que no estuvieran disponibles para las interrogaciones de los periodistas y los investigadores.

·         Cullen dice que Chevron no quiere entregar el análisis forense de las grabaciones secretas que puso a cargo de un experto, el Dr. Durand Begault. Cullen admitió que las grabaciones contienen “fragmentos” de video y que Chevron las editó antes de subirlas en YouTube. Obviamente, si Chevron estuviera cooperando con la investigación como afirma, no tendría razón alguna de ocultar el informe de su propio experto, facilitando los nombres de los empleados y contratistas de Chevron que editaron las cintas,” dijo
Donziger.

La alegación de Chevron acerca del presunto intento de soborno, se basa en su mayor parte en el video de la cuarta reunión, que ocurrió después de que Borja se reuniera con los abogados de Chevron en San Francisco, dijo Donziger. En las tres reuniones grabadas anteriormente, no había ninguna conexión explícita entre un presunto soborno y el juez. Solamente durante la cuarta reunión había una serie de preguntas, planteadas por Borja hacia terceras partes, que intentaban implicar al juez, quien no estaba presente.

Con la evidencia de la cuarta reunión, Chevron intentó a través de una gran campaña de relaciones públicas, vincular al juez con el escándalo. Sin  embargo no proporcionó ninguna evidencia para esta afirmación, más allá de las preguntas de sus propios contratistas y las respectivas respuestas de un hombre que afirmó ser parte de Alianza País, el partido político gobernante,
pero que en realidad vende autos, según informes de prensa. El Juez Nuñez, quien afirma que Chevron le tendió una trampa, se excusó del juicio para evitar la apariencia de impropiedad. Los demandantes han pedido que la investigación por parte de Ecuador determine si el juez ha hecho algo inapropiado.

En el juicio, ahora presidido por otro juez, se espera una sentencia final para 2010.