Comunicado al País de la Nueva Coalición

En 1964 la compañía norteamericana Texaco entró al territorio ecuatoriano para explotar petróleo en lo que hoy son las provincias de Orellana y Sucumbíos, habitada hasta ese momento por diferentes nacionalidades indígenas y algunos colonos que vivían en armonía con la naturaleza.

Texaco operó por casi tres décadas sin ninguna consideración ni respeto por el medio ambiente, ni a la población local, a las leyes vigentes, ni al Estado ecuatoriano. La petrolera norteamericana arrojó más de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas y dejó abandonadas más de 600 fosas con desechos que están contaminando el ambiente y seguirán allí mientras no se limpie, remedie y restaure. Por esto algunos expertos lo califican como el peor desastre ambiental en el mundo originado por una petrolera.

Consecuencia de esto, 30 mil ecuatorianos, entre ellos 5 nacionalidades indígenas (Siona, Secoya, Waorani, Kichwa y Cofán), están conviviendo con estos tóxicos letales. Varios estudios vinculan la contaminación dejada por Texaco con graves problemas de salud. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista científica International Journal of Occupational and Environmental Health encontró tasas de leucemia en niños de 0 a 4 años tres veces más altas que en otras partes del Ecuador. Otro estudio publicado en el International Journal of Epidemiology citó tasas de cáncer 150% más altas que en el resto del país. Pero aparte de esto, existen cientos de testimonios desgarradores sobre múltiples enfermedades que sufren los habitantes de residen dentro de los campos petroleros que fueron operados por Texaco.

Por esto y mucho más, estos 30 mil ecuatorianos vienen librando una batalla legal en contra de Texaco desde hace más de una década, cuyo escenario ahora se desarrolla en la Corte Superior de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, convirtiéndose así en el primer caso legal donde una compañía petrolera extranjera ha sido sometido, por humildes ecuatorianos, a la justicia de un país del Sur.

Pero conforme avanza el proceso judicial y ante la contundencia de las pruebas a favor de los afectados, Texaco está recurriendo a estrategias para evitar una sentencia condenatoria para no asumir su responsabilidad de reparar el tremendo daño que hizo al país. Estas estrategias se resumen en las siguientes:

1. Texaco está demandando a Petroecuador, en otras palabras al Estado ecuatoriano, en un tribunal de arbitraje internacional para que la sentencia que decida la Corte de Nueva Loja sea pagada por los ecuatorianos.
2. Texaco quiere que este caso nunca se termine, es decir, está utilizando una serie de argucias dentro del juicio, sus influencias y su poder para dilatar y alargar el proceso judicial. Esta situación es insostenible para los afectados porque, por un lado los afectados no gozan del poder económico mientras que Texaco sí lo tiene y con ello, en determinado momento, pudiera tratar de influir en la decisión que soberanamente la Corte debe tomar; y por otro lado, mientras más se demore en  limpiar y remediar la región afectada, más gente se enfermará y se morirá como ya viene sucediendo desde que Texaco empezó a operar en el Oriente ecuatoriano.
3. Dirigentes, abogados y miembros del equipo de trabajo que apoyan la causa de los afectados han sido objeto de amenazas y hostigamientos, seguramente con el fin de intimidarles para que abandonen la lucha. 

Frente a este panorama, varias organizaciones sociales y ciudadanos patriotas del país hemos tomado la iniciativa de conformar una coalición de apoyo a los miles de ecuatorianos que enfrentan a la poderosa compañía, con el fin de exigir celeridad en el juicio, vigilar para que el caso se desarrolle en un marco de transparencia y respeto al debido proceso, y que esta lucha sea asumido como una lucha de todos los ecuatorianos y ecuatorianas hasta lograr que Texaco limpie, remedie y restaure, que es la pretensión fundamental  de los 30 mil afectados afectados.

Convocamos a las organizaciones sociales y a todo el pueblo ecuatoriano para que se unan a esta iniciativa de asumir esta lucha como una lucha de todo el país, una lucha por la dignidad y soberanía nacional, para evitar que delitos como estos queden en la impunidad, y lo más pronto posible brille la justicia.

• ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DEL ECUADOR, APDH (Alexis Ponce)
• ACCION ECOLOGICA (Esperanza Martínez)
• CENTRO DE DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES, CDES (Juana Sotomayor)
• FUNDACION PACHAMAMA (Cristina Santacruz)
• PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO, PIDHDD (Fidel Narváez)
• FUNDACIÓN REGIONAL DE ASESORÍA EN DERECHOS HUMANOS, INREDH (Luis Ángel Saavedra)
• ECUADOR DECIDE (Eduardo Delgado)
• FUNDACION CENTRO LIANAS (Bolívar Beltrán)
• GENERAL (R) RENE VARGAS PAZZOS
• PABLO SANTILLAN