Quito, 13 de mayo del 2013.- A pesar de no ser legal la orden emitida por la jueza de una corte de Miami, Marcia G. Cooke, de levantar el sigilo de varias cuentas bancarias en el Ecuador, Luis Yanza Angamarca, Secretario Técnico de la UDAPT, autorizó al Banco de Pichincha en el país, proceder, sin restricciones, a la entrega de los movimientos de la cuenta que es de su propiedad.

La autorización firmada por Yanza, afecta a la cuenta corriente No. 3960531000, aperturada en 2002 en el Banco Pichincha, sucursal Coca y de ese modo, deja en libertad al Banco del Pichincha para que entreguen la información requerida por la petrolera Chevron. Hasta el momento, los funcionarios de la entidad bancaria mantuvieron el sigilo de la cuenta, de acuerdo a las leyes ecuatorianas.

Yanza, es enfático en aclarar que esta decisión es voluntaria y tiene como objetivo desarmar los falsos testimonios y acusaciones emitidas por parte de la Chevron, que ha salido a decir que tras develar las cuentas se evidenciará el soborno a jueces. “Lasvíctimas de los daños ocasionados no hemos recurrido a ninguna clase de soborno ni chantaje para obtener la sentencia favorable en el juicio ambiental que contra la petrolera seguimos más de 30 mil afectados y afectadas”. Yanza ha sido, durante casi 20 años,dirigente de los perjudicados por la compañía.

De esta manera, y con la información que obtengan de la cuenta, se comprobará, una vez más, que no existieron acciones indebidas y que las declaraciones de James Craig, vocero de Chevron, de que los datos obtenidos le permitirán descubrir “la magnitud de la corrupción y del fraude perpetrados en la Corte Provincial de Sucumbíos”, no serán sino otra injuria proferida. Según Yanza, lo que están haciendo los personeros de la petrolera es amedrentando a quienes, de una u otra manera, están vinculados en favor de los demandantes y desviando la atención hacia un inexistente fraude, para tratar de evitar o alargar el cobro de la sentencia legítima emitida en su contra.

Durante el proceso judicial, los demandantes comprobaron fehacientemente la existencia del daño ambiental provocado por la negligente operación de la petrolera, que ocasionó graves daños. En el expediente, se acumularon más de 230.000 páginas de información, se receptaron más de 40 testimonios de personas afectadas por las operaciones de Texaco, se incorporaron 106 informes periciales, 60 de los cuales fueron pagados totalmente por Chevron; se produjeron más de 80.000 resultados químicos de las muestras tomadas en el suelo, aguas o sedimentos; se entregaron a los jueces varios estudios de salud elaborados en forma independiente por expertos extranjeros. El juez inspeccionó y verificó directamente los daños causados en 54 sitios operados por la petrolera.

La compañía a través de sus abogados y en publicaciones pagadas en los medios de comunicación admitió públicamente haber arrojado alrededor de 16 mil millones de galones de agua tóxica a los esteros y ríos de la zona, que son la principal fuente de abastecimiento de este líquido para quienes habitan en la región.

También, vertió intencionalmente 650.000 barriles de crudo. Construyó 880 piscinas, sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, en las que vertió crudo y sus desechos.

Estas acciones impactaron fuertemente en el ambiente y la población, que sigue sufriendo enfermedades relacionadas con la contaminación, la más grave es la incidencia de cáncer que supera tres veces el índice nacional; también se comprobaron las violaciones a los derechos humanos y colectivos, por el desplazamiento de las cinco nacionalidades indígenas que habitan en la zona y la desaparición de los pueblos Sansaguari y Tetete; a ello se suma la improductividad de la tierra, la muerte de animales de corral, la afectación a la flora y fauna originaria, que era fuente de sustento de los pobladores de la zona. Todos estos elementos inciden de manera directa en las difíciles condiciones de vida de las afectadas y afectados.

Según explica el Secretario Técnico de la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Texaco, la petrolera, contrariamente a lo que “haría una empresa seria”, escoge el camino de la persecución e intimidación, lo que le es posible gracias a su poder económico. La ganancia neta de la petrolera durante el primer trimestre de este año, asciende a 6.180 millones de dólares, a pesar de la baja del precio del petróleo en el mercado mundial, según reportes de Chicago Tribune

“Ahora que voluntariamente doy a conocer el estado de mis transacciones económicas, invito a Chevron, para que en señal de transparencia, revele los gastos relacionados con este juicio, que incluyen el pago de abogados, equipos de seguridad, campañas de comunicación y los montos por pago a falsos testigos para que declaren en su favor”, dice Yanza, quien recalcó que ascienden a varios miles de millones de dólares, según la información que ha podido ser recogida de las propias versiones de voceros de la empresa.

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Una importante grabación entregada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Nueva York, realizada por uno de los agentes encubiertos de Chevron en Ecuador, revela que el exJuez Alberto Guerra, obtuvo un pago de 20 mil dólares a cambio de realizar gestiones en favor de la petrolera norteamericana.

Guerra,  que durante la grabación cuenta a Andrés Rivero, abogado de Chevron, que estaba mejorando de una enfermedad provocada por beber agua de un pozo “contaminado con petróleo” en un área donde operó la petrolera, recibió una maleta llena de dinero en efectivo, por entregar información falsa y establecer relaciones con el juez que dictó sentencia condenatoria a la compañía.

Este dinero que  le fue entregado por  Rivero, el 13 de julio de 2012 en Quito, significó para Guerra cerca de su sueldo anual como Juez de la Corte Provincial de Sucumbíos, de la que fue destituido por actos de corrupción.  En la grabación revelada por el agente y la correspondiente transcripción certificada, Guerra insinúa al abogado de Chevron que 20 mil es poco.  “¿No pueden aumentar un poco de ceros?”, pregunta.

Las declaraciones del ex – Juez Alberto Guerra, fueron presentadas por los abogados de Chevron, en el caso que por presunto fraude sigue en el Tribunal Federal de Nueva York, a cargo del Juez Lewis  Kaplan, quien reiteradamente ha sido cuestionado por su actitud parcializada a favor de la petrolera e incluso ha visto desestimadas sus resoluciones por el Tribunal de Apelaciones, e incluso la Corte Superior de Justicia de Estados Unidos.

Esta demanda de la petrolera se implantó en contra de  varios representantes y colaboradores de los 30 mil indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana, quienes, en un juicio que ha durado ya cerca de 20 años, lograron demostrar la culpabilidad de Chevron en la contaminación de la selva y los consecuentes impactos ambientales, sociales y culturales, que han significado enormes pérdidas, que incluyen la muerte de personas por enfermedades, así como la pérdida de flora y fauna, baja producción, pobreza, entre otras.

Esta prueba de “soborno puro y duro”, como fue calificado  por los abogados de los ecuatorianos, ratifica las denuncias de manipulación de testigos y obstrucción de la justicia.  “Esta es una evidencia indiscutible de este hecho delictivo” declaró Pablo Fajardo, quien pidió una investigación a fondo de estas prácticas criminales y poco éticas de la empresa, que envían “a sus emisarios con maletas llenas de dinero para que cometan actos delictivos”.

La transcripción de la grabación entregada a la justicia norteamericana, ratifica además la declaración juramentada realizada por el ex – Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, de que Guerra le ofreció, de parte de Chevron, un soborno de 1 millón de dólares para testificar en contra de los demandantes ecuatorianos.

Por dicha gestión se le ofreció un monto adicional a Albergo Guerra: “[una parte] te toca a ti cuando se arregla con Zambrano”, consta en la grabación, en la que además se establece que existía ya una decisión de la compañía de trasladar a Zambrano a Chicago o Bogotá para reunirse con uno de los Vicepresidentes de la empresa, o “una persona de muy alto cargo de Chevron . “

Según voceros de la petrolera, el monto entregado a Guerra fue para cubrir los gastos permanentes y de protección de Guerra, lo que asciende a un honorario mensual de 10 mil dólares y más de 326 mil en pagos a los que accedió a cambio de su  testimonio juramentado.  Estos egresos de la petrolera son muy superiores a los 500 dólares que ganaba el destituido juez de Ecuador en su país.

Humberto Piaguaje, Coordinador de la Asamblea de Afectados y Afectadas por las operaciones de la petrolera, insistió en la necesidad de que la justicia del mundo detenga “el crimen que a diario comete la petrolera”.  Cada día dijo, tenemos más enfermos y muertos por la contaminación y Chevron utiliza cada vez más recursos fuera de la ley para no pagar por la reparación de la Amazonía”

Chevron, dijo Piaguaje ha desatado una campaña permanente de presión e intimidación, tanto contra los dirigentes, como equipos que trabajan para el juicio, e incluso ha llegado a presionar a técnicos y financistas que apoyan a los demandantes ecuatorianos.  “Quieren que nos quedemos solos y callados, para que no podamos enfrentarnos a su poder”, denunció el dirigente de los afectados, al referirse a los sobornos y actos intimidatorios de la empresa contra todos quienes intenten acercarse y apoyar el juicio.

Sumario: El Plan de Soborno de Chevron Revelado en la Transcripción de la Reunión de Rivero/Guerra

Estos ofrecimientos le fueron transmitidos a través del destituido Juez Alberto Guerra, quien hizo declaraciones falsas que favorecieron a la empresa y ahora se encuentra bajo su protección en Estados Unidos. “Me dijo que Chevron ofrecía pagarme como mínimo un millón de dólares para empezar, o que diga la cantidad y pida lo que quiera”, declaró Zambrano, refiriéndose a Guerra.

El ofrecimiento incluía el traslado a Estados Unidos, “que ellos me pagaban todo, para conversar allá a cambio que haga una declaración a favor de Chevron”, afirmó Zambrano. La propuesta, según consta en el documento entregado en la corte norteamericana, fue rechazada por el ex – Juez, quien no volvió a tener contacto con Guerra.

En la misma declaración juramentada, Zambrano, ratificó ser el autor de la sentencia dictada contra la compañía, lo que deja sin sustento los argumentos de corrupción que están siendo usados por Chevron, para evitar las acciones de cobro ejecutadas en varios países para hacer efectivo el dictamen judicial ecuatoriano.

En el documento presentado ante la Corte de Nueva York, el ex – Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, declaró que desde que dictó sentencia “hasta la actualidad” ha sido perseguido “por personas extrañas, muchos de ellos vinculados a Chevron”.

Informó sobre una llamada intimidatoria realizada por Andrés Rivero, abogado de Chevron, y la detención de cuatro personas que le perseguían a él y su esposa. Como resultado de la instrucción fiscal y las indagaciones se estableció que fue la petrolera Chevron, la que ordenó dicho acoso.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, señala que esta declaración solo “ratifica una conducta criminal de la petrolera, que está dispuesta a cualquier acción, ya sea a comprar a personas, empresas o a intimidar y acosar con tal de frenar la ejecución de la sentencia”.

El ex juez Zambrano, fue el encargado del trámite del juicio María Aguinda y otros contra Chevron, entre octubre de 2009 y febrero de 2010, posteriormente entre octubre de 2010 y febrero de 2011. El 14 de febrero de 2011 dictaminó sentencia condenatoria contra la petrolera por los daños ambientales causados durante sus trabajos de exploración y explotación en las provincias de Orellana y Sucumbíos (norte de la Amazonía ecuatoriana), al haberse comprobado la actuación negligente de la compañía que vertió 16 mil millones de galones de aguas de formación (agua tóxica) a ríos, esteros y fuentes de agua, de las que se sirven los habitantes de la región. Además, se comprobó que arrojó 650.000 barriles de crudo, que construyó de 880 fosas sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, en las cuales depositó crudo y desechos tóxicos.

Esta forma de operación, según se comprobó durante el juicio, provocó serios impactos ambientales que repercutieron en la profundización de las precarias condiciones de vida de quienes habitan en la región: alta incidencia de muerte por cáncer, enfermedades a la piel, así como afectaciones a los sistemas digestivo y respiratorio. Además de la desaparición de dos pueblos ancestrales; la migración y acorralamiento de las nacionalidades indígenas Cofán, Siona y Sikopai; pérdidas económicas por la infertilidad y baja productividad de la tierra y la muerte de animales. A ello se suma la violación a los derechos humanos ocasionados a indígenas y colonos de la zona.

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Quito, 8 de abril del 2013 - El día martes, 9 de abril del año en curso, se presenta el libro “SENTENCIAS CASO TEXACO/CHEVRON Ecuador-Sucumbíos, publicado por la Red Jurídica Amazónica, RAMA, que es una entidad conformada por abogados y personas jurídicas de los países de la Cuenca Amazónica.

El propósito de RAMA es la defensa y asesoría jurídica, acciones de incidencia, investigación intercambio y generación de conocimiento e información, con el fin de actuar eficaz y solidariamente en defensa de los derechos humanos de los pobladores de los pueblos amazónicos y su hábitat. Todo esto, bajo un enfoque de protección integral del complejo y frágil entramado de relaciones, amenazadas por las actividades extractivas presentes en la región.

Bolívar Beltrán, Coordinador de RAMA Ecuador, dio a conocer que la publicación de este libro responde a la necesidad de que esta historia, protagonizada por los pobladores de la Amazonía ecuatoriana, en su búsqueda por justicia, ante los daños ambientales provocados de manera intencional por la petrolera Texaco-Chevron, sea conocida por todas las personas y organizaciones preocupadas por la defensa del ambiente y de los derechos humanos.

Según Beltrán, este texto además ha sido producido para constituirse en un documento de análisis para las y los estudiantes de derecho, pues es “el juicio del siglo” y ha llamado la atención de reconocidos juristas del mundo entero y es analizado en cátedras de leyes de reconocidas universidades tanto por la complejidad del caso, como por la validez jurídica de la sentencia emitida en la Corte Provincial de Sucumbíos.

La intención de RAMA, además, dice su Coordinador, es reconocer a las y los pobladores amazónicos por esta lucha para encontrar justicia y que son un referente para que no se vuelvan a cometer este tipo de delitos, perpetrados por el poder de las grandes petroleras.

El acto de presentación ha sido organizado por un conjunto de organizaciones, entre las que se cuentan la CONAIE, Acción Ecológica, CDES, Fundación Pachamama, Colegio de Abogados de Pichincha, Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos, INREDH, Fundación Lianas, Comuna Amazónica, Sociedad Ecuatoriana de Bioética y Wambra Radio.

El evento se llevará a cabo a partir de las 18:00 en el centro de Convenciones Eugenio Espejo, pabellón 5, Auditorio del Museo Nacional de medicina Eduardo Estrella y la presentación la hará el doctor Julio César Trujillo.

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Quito, 20 de febrero del 2013.- El Quinto Circuito de Nueva York concedió al Ecuador la solicitud de discovery, procedimiento que permite acceder a toda la información relacionada con el caso y que esté en manos de John Connor, quien fue perito insinuado por Chevron en el caso Lago Agrio y de manera juramentada, aceptó haber sido contratado por dicha empresa para manipular muestras que exculpen a la compañía.

Mediante este recurso se tendrá acceso a información que comprobaría que las muestras y análisis presentados por Chevron durante el juicio fueron alterados por la propia compañía para engañar a la Corte ecuatoriana.

 En su resolución, los jueces que conformaron el Quinto Circuito sostienen que “Chevron, de manera intencionada ha adoptado posiciones inconsistentes”, con lo que se demuestra una vez más que la empresa ha utilizado recursos legales para favorecer sus intereses, por lo que ha sido llamada la atención y sancionada por mala fe procesal y abuso del derecho, tanto en los Estados Unidos, como en el Ecuador. La última evidencia es cuando pretendió alegar que el pedido realizado por los ecuatorianos para la aplicación del “discovery” es ilegal, a pesar de que la empresa se benefició de este tipo de recursos y los defendió en los casos correspondientes. “Chevron, que se ha beneficiado en varias ocasiones de la aceptación de esta afirmación, debe ser impedido judicialmente de negarlo ahora, cuando el descubrimiento ayudaría a su contradictor”, consta en el documento suscrito por los jueces.

Juan Pablo Sáenz, abogado de los demandantes del juicio Lago Agrio, sostuvo que “Chevron trató de obtener una ventaja injusta, pero el tribunal lo bloqueó”. También dijo que los jueces norteamericanos ya han puesto atención al detalle de que la compañía ha hecho un hábito discutir “una cosa ante un juez, para defender exactamente lo contrario ante otro, si eso la perjudica”.

Sáenz considera que esta última resolución podría abrir la puerta para que se solicite un recurso similar, por parte de Ecuador y de esa manera llegar al fondo de las prácticas exploratorias llevadas a cabo por Chevron y que fueron las causantes de “la contaminación intencional de la Amazonía”.

Humberto Piaguaje, Coordinador de los Afectados por la petrolera en el juicio de Lago Agrio, señaló que esta resolución permitirá develar al mundo la corrupción utilizada por Chevron durante todo el proceso judicial para “esconder la existencia de contaminación”.

El Coordinador de los afectados recalcó que hasta el momento, son nueve los fallos en contra de Chevron emitidos por las Cortes norteamericanas, incluida una de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Además, ha recibido dictámenes condenatorios por parte de dos instancias de la justicia de Ecuador, y el embargo ordenado y ratificado en tres instancias, en Argentina.

Quito, 31 de enero del 2013.- La tarde de ayer, la Cámara de Apelaciones de Argentina, desechó el pedido de la petrolera y ratificó, sin modificación alguna, el embargo a los activos, bienes e inversiones de Chevron en ese país.

Esta resolución adoptada, de manera unánime, por las tres magistradas que conforman la Cámara, da la razón a los demandantes y ratifican la legalidad de la sentencia emitida en las cortes ecuatorianas.

Según los demandantes, representados por su procurador común, Pablo Fajardo, esta decisión constituye otro revés para la petrolera, ya que sistemas jurídicos fuera de Ecuador están dando la razón a los afectados y afectadas, que probaron que Chevron es culpable del daño ambiental por el que fue sometida a juicio en Ecuador.

El representante de los demandantes en Argentina, Enrique Bruchou, dio a conocer que en ese país Chevron mantiene activos por más de 2 mil millones de dólares y de acuerdo a la orden emitida y ratificada, el secuestro será efectivo mientras que completen los 19 mil millones de dólares a los que la compañía fue condenada. Destacó además la competencia, credibilidad y reconocimiento de las tres juezas que conforman la Corte de Apelación, por lo que las acusaciones e intentos de la petrolera de deslegitimar el proceso en esa instancia es ofensivo y no tendrá ninguna repercusión en las decisiones judiciales.

Contrariamente de lo que dice Chevron, la justicia Argentina ha demostrado que los países que defienden la legalidad están dispuestos a tramitar este caso a fin de que los indígenas y colonos que han sufrido los impactos de las irresponsables acciones de la petrolera puedan cobrar la sentencia para la reparación ambiental a la que tienen derecho.

Chevron fue enjuiciada por 30 mil indígenas y colonos de la Amazonía norte de Ecuador, por haber causado de manera premeditada el mayor daño ambiental registrado en la industria petrolera. En esta región la empresa arrojó 16 mil millones de galones de aguas de formación (agua tóxica) a ríos, esteros y fuentes de agua, de las que se sirven los habitantes de la zona. Adicionalmente, vertió en la superficie 650.000 barriles de crudo, construyó 880 fosas sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, en las que depositó crudo y desechos tóxicos.

Estos daños ambientales han repercutido en la profundización de las precarias condiciones de vida de la población de la región: alta incidencia de muerte por cáncer, tres veces más del índice nacional de incidencia de leucemia en infantes, además de enfermedades de la piel, el sistema digestivo y respiratorio, asociadas a la contaminación; la desaparición de dos pueblos ancestrales (Tetetes y Sansahuaris), migración y acorralamiento de las nacionalidades indígenas Cofán, Siona y Secoya; pérdidas económicas por la infertilidad y baja productividad de la tierra y muerte de animales de corral y ganado. A ello se suma la violación a los derechos humanos de estas poblaciones.

Son estas razones y las pruebas presentadas por los demandantes las que dieron paso a la sentencia y posteriores acciones de ejecución de cobro que se están llevando en Canadá, Brasil y Argentina, puesto que Chevron retiró de Ecuador todos sus bienes e inversiones, en prevención de que fuera obligada a pagar los daños ambientales.

El abogado Pablo Fajardo, hizo notar además, que a pesar de las desesperadas acciones corruptas de la petrolera para tratar de manchar el proceso, las acciones de cobro no se detienen y los jueces del mundo no están dispuestos a prestarse a los juegos de la petrolera. “El día lunes presenta un testimonio falso de un corrupto ex – juez y dos días después Argentina ratifica el embargo, con lo que se demuestra que Chevron no puede esconderse y tiene que asumir su responsabilidad”, dijo Fajardo, quien dio a conocer además que estas acciones seguirán interponiéndose en al menos 30 países de los cinco continentes.

Anselmo García Salazar, morador del campo Lago Agrio, a nombre de los demandantes, se mostró satisfecho por la resolución de la justicia argentina, que dijo, es un paso más para que la petrolera responda por los daños causados a la población amazónica. “Ya es hora de que la petrolera deje de burlarse de nosotros”, insistió y ratificó que los actores del juicio son pobladores indígenas y colonos de la zona donde operó Texaco (ahora Chevron) y “la petrolera no nos puede acusar de corruptos, porque somos las víctimas de sus malas acciones”.

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